Por José M. Terán P.

El Acuerdo 01-2026 marca un punto de ruptura definitivo en la evolución del sistema de PBC/FT/FPADM en Panamá. No se trata de una actualización incremental ni de un ajuste regulatorio técnico; es, en esencia, una redefinición del propósito del cumplimiento. Su enfoque plantea un cambio de paradigma que desarticula el modelo tradicional basado en cumplimiento formal y lo sustituye por un enfoque centrado en la efectividad demostrable.

Esta transición no solo impacta la forma en que las instituciones documentan sus procesos, sino que obliga a replantear la arquitectura completa del sistema de gestión de riesgos.

Durante décadas, el cumplimiento AML se estructuró bajo un enfoque de conformidad normativa. En este modelo, el objetivo principal era demostrar que la institución contaba con políticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles definidos. Sin embargo, este enfoque generó una distorsión crítica: se confundió la presencia de controles con la capacidad de mitigación del riesgo.

El resultado: sistemas altamente documentados, pero operacionalmente débiles. Sistemas que cumplían en auditoría, pero fallaban en detección. Esta desconexión entre forma y fondo es precisamente lo que el Acuerdo 01-2026 busca corregir.

Su enfoque lleva a redefinir el cumplimiento, pasando de un modelo basado en la existencia de controles a uno centrado en su efectividad demostrable. Esto implica que cada control debe ser validado con evidencia empírica, transformando el cumplimiento en un modelo probatorio. Aquí es donde surge el concepto de “ADN de riesgo”.

Este enfoque implica reconocer que el riesgo no es homogéneo ni lineal. No todos los clientes de alto riesgo se comportan igual, ni todos los productos presentan el mismo nivel de exposición en todos los contextos. La interacción entre variables es lo que define el riesgo real. Ignorar esta dinámica conduce a modelos simplificados que, aunque fáciles de implementar, son metodológicamente débiles.

La realidad es que muchos sistemas actuales no están preparados para este nivel de exigencia, ya que, el Acuerdo 01-2026 no redefine solo el cumplimiento. Redefine la forma en que las instituciones entienden el riesgo.