Por José M. Terán P.

La incorporación del concepto de efectividad en los sistemas AML marca un cambio profundo en la forma de evaluar el cumplimiento. Durante años, las instituciones se enfocaron en métricas operativas como volumen de alertas, tiempos de atención y productividad. Aunque útiles para gestionar la operación, estas métricas no reflejan la capacidad real del sistema para identificar riesgos. En muchos casos, generan una ilusión de eficiencia: sistemas que procesan grandes volúmenes en poco tiempo, pero con bajo impacto en la detección de actividades relevantes.

La efectividad introduce un cambio de enfoque: de medir cuánto se hace a evaluar qué se logra. Esto implica analizar el sistema a través de un embudo compuesto por cuatro etapas: alertas, investigaciones, casos y reportes de operaciones sospechosas (ROS). Cada etapa debe depurar la información y aumentar su relevancia. Un alto volumen de alertas con pocos casos indica problemas de precisión; muchos casos con pocos ROS sugieren debilidad en el análisis o en los criterios de escalamiento.

Además, la efectividad debe evaluarse en términos de cobertura. No basta con detectar riesgos; es necesario identificar qué tipologías están siendo capturadas y cuáles no. Un sistema que detecta siempre los mismos patrones puede estar ciego a riesgos emergentes. Este enfoque se alinea con marcos como la guía ISO 37302 para evaluar la efectividad de los sistemas de gestión de compliance y los criterios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ponen el foco en si el programa funciona en la práctica. Esto exige un proceso dinámico de mejora continua, donde los resultados retroalimentan el sistema mediante ajustes en reglas, modelos y parámetros.

También es clave la priorización. No todas las alertas tienen el mismo valor, por lo que el uso de modelos de scoring permite asignar recursos de forma más eficiente sin sacrificar calidad.

La efectividad no es un indicador adicional, sino el eje central del sistema AML y, en el contexto del Acuerdo 01-2026, el principal criterio de evaluación.